Día Mundial de la Adopción: qué requisitos establece la ley argentina para adoptar y quiénes pueden hacerlo
En el Día Mundial de la Adopción, los datos muestran una marcada preferencia por bebés, mientras que muchos niños mayores y grupos de hermanos continúan esperando una familia.
Cada 9 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Adopción, una fecha que busca visibilizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en una familia cuando no pueden hacerlo junto a sus padres o familiares cercanos.
En Argentina, el sistema de adopción está regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación y contempla distintas condiciones para quienes desean iniciar el proceso. Entre ellas, establece quiénes pueden adoptar, cuáles son las etapas legales y qué derechos tienen los niños y adolescentes involucrados.
¿Quiénes pueden adoptar en Argentina?
La legislación permite que se postulen personas solteras, matrimonios y parejas que conviven, sin distinción de género u orientación sexual.
La evaluación de los aspirantes se centra en su idoneidad para ejercer la responsabilidad parental, su capacidad de cuidado y el proyecto adoptivo que presentan.
Por lo tanto, no es necesario estar casado para adoptar. El aspecto fundamental es que quienes se postulan puedan ofrecer un entorno adecuado para el desarrollo y bienestar del niño o adolescente.
¿Cuándo un niño puede ser adoptado?
No todos los chicos que viven en hogares o instituciones de cuidado alternativo están en condiciones legales de ser adoptados.
Para que pueda iniciarse un proceso, un juez de familia debe declarar formalmente la situación de adoptabilidad. Esta decisión se toma después de agotar las estrategias legales y sociales destinadas a que el niño pueda regresar con su familia de origen o ampliada.
Mientras esos vínculos continúan siendo evaluados y trabajados por los equipos interdisciplinarios, no corresponde avanzar hacia una adopción.
¿Cuáles son las etapas del proceso?
El camino hacia una adopción definitiva comprende diferentes instancias:
- Vinculación: comienza el acercamiento entre los postulantes y el niño, niña o adolescente, con acompañamiento profesional.
- Guarda con fines adoptivos: es una etapa previa a la adopción definitiva que puede extenderse hasta seis meses.
- Juicio de adopción: constituye la instancia judicial en la que se resuelve la adopción definitiva.
La integración familiar requiere tiempo y acompañamiento, ya que implica reconocer y respetar la historia previa del niño, además de construir nuevos vínculos y acuerdos de convivencia.
La opinión de los niños también cuenta
La normativa reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados durante el proceso y establece que sus opiniones deben ser consideradas de acuerdo con su edad y grado de madurez.
A partir de los 10 años, además, el consentimiento expreso del niño o adolescente es un requisito obligatorio para concretar la adopción.
Otro aspecto fundamental es el derecho a conocer los propios orígenes. La familia adoptiva asume el compromiso de acompañar esa búsqueda y respetar la historia biográfica de quien llega al hogar.
La brecha entre los postulantes y los chicos que esperan
Uno de los principales desafíos del sistema es la diferencia entre las edades y características de los niños que esperan una familia y las preferencias de quienes se inscriben para adoptar.
Según datos de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA), el 81% de los postulantes tiene disponibilidad para adoptar niños menores de 3 años, mientras que apenas el 2% acepta a chicos mayores de 10.
También existe una marcada diferencia en la disponibilidad para adoptar grupos de hermanos: el 76% de los legajos no contempla esa posibilidad, el 23% acepta hasta dos niños y solamente el 1% está dispuesto a recibir a tres o más.
Estas cifras reflejan que muchos niños de mayor edad y grupos de hermanos enfrentan mayores dificultades para encontrar una familia.
Desde Aldeas Infantiles SOS Argentina, la directora de Programas, Lucía Buratovich, destacó la necesidad de construir políticas públicas sostenidas que garanticen los derechos de las infancias, más allá de los cambios políticos.
El desafío, en definitiva, es acercar las expectativas de los adultos a las necesidades reales de los niños y adolescentes que esperan la posibilidad de crecer en familia.
