
EL SENADO APROBÓ LA LEY DE PROPIEDAD PRIVADA Y MANTUVO LOS LÍMITES A LA EXTRANJERIZACIÓN DE TIERRAS
La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos y 26 negativos. El texto restituye la Ley de Tierras Rurales y establece mecanismos de desalojo exprés para inmuebles usurpados, además de modificar el régimen de expropiaciones.
El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contempla la restitución de la Ley de Tierras Rurales y establece un procedimiento de desalojos exprés para campos y viviendas usurpadas. La iniciativa fue aprobada por 42 votos a favor y 26 en contra, con el respaldo del oficialismo y bloques aliados.
A favor votaron La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal y Movimiento por Misiones. En rechazo se pronunciaron el bloque Justicialista, Movere Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, el Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social.
Con la aprobación, se mantienen los límites establecidos por la Ley de Tierras Rurales: un máximo del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental. También continúa vigente el tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, además de las restricciones vinculadas con espejos de agua y zonas de frontera.
Uno de los capítulos de la norma modifica el régimen de desalojos. El mecanismo exprés podrá aplicarse en casos de inmuebles usurpados o con tenedores precarios, cuando el derecho invocado resulte verosímil y exista una caución juratoria. A pedido del propietario, el juez podrá intimar la devolución del inmueble dentro de las 72 horas, siempre que se presente documentación que acredite la titularidad. Para los inquilinos con deudas por alquileres, en cambio, se establece la obligación de enviar una carta documento y otorgar al menos 10 días corridos para regularizar los pagos.
El proyecto también introduce modificaciones en la Ley de Expropiaciones. Establece que las declaraciones de utilidad pública deberán interpretarse de manera restrictiva y contar con una fundamentación clara por parte del Estado. Además, fija un límite del 30% para la indemnización por lucro cesante y determina que la tasa de interés estará compuesta por el Índice de Precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a 30 días.
Por último, la iniciativa modifica la denominada Ley Pierri de regularización dominial. El cambio contempla el acceso a la escritura de la vivienda única para familias que acrediten una posesión pública durante los 10 años anteriores.