El Senado de Paraguay destituyó a Santiago Peña y activó la sucesión presidencial
La Cámara Alta lo declaró culpable por mal desempeño de sus funciones con 44 votos a favor. Pedro Alliana asumirá el Ejecutivo hasta agosto de 2028.
El Senado de Paraguay resolvió destituir a Santiago Peña de la Presidencia, luego de declararlo culpable por mal desempeño de sus funciones. La decisión se tomó mediante una votación nominal que reunió 44 votos afirmativos y permitió completar la última instancia del juicio político.
La resolución se conoció cerca de las 19, durante una sesión extraordinaria convocada por el titular de la Cámara Alta, Basilio Núñez. El resultado superó los 30 votos requeridos para alcanzar la mayoría calificada de dos tercios.
Una jornada de acusaciones y defensas
La votación estuvo precedida por un extenso debate parlamentario. Durante la sesión, los legisladores escucharon los argumentos de los fiscales acusadores de la Cámara de Diputados y de los abogados defensores Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda.
Peña no asistió personalmente al recinto y estuvo representado por sus letrados. Los acusadores solicitaron su destitución por presunto mal desempeño y expusieron las pruebas incorporadas al expediente.
Entre los cuestionamientos mencionados durante el proceso figuraron los vínculos del mandatario con Ueno Holding, el aumento de los depósitos del IPS en esa entidad y los créditos concedidos a empresas relacionadas.
Pedro Alliana asumirá el Ejecutivo
Tras la salida de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana ocupará la Presidencia para completar el período constitucional, que se extiende hasta el 15 de agosto de 2028. El mecanismo de sucesión está contemplado en el artículo 234 de la Constitución paraguaya.
El cambio de autoridades no implica la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales. Sin embargo, la asunción de Alliana dejará vacante la Vicepresidencia, por lo que el Congreso deberá designar a un reemplazante mediante mayoría absoluta de sus integrantes.
Por otra parte, la sentencia dispuso enviar los antecedentes del juicio político a la Fiscalía General del Estado, para que la Justicia ordinaria pueda avanzar con las investigaciones penales correspondientes.
