El Senado dio un nuevo paso para convertir en ley el proyecto de Emergencia en Discapacidad
El oficialismo consiguió un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, podría llegar al recinto el próximo 19 de noviembre.
El proyecto de la Ley de Discapacidad avanzó este miércoles en el Senado de la Nación, donde el oficialismo consiguió un dictamen de mayoría durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano.
Con este respaldo, la iniciativa quedó habilitada para ser debatida en el recinto y buscar su sanción definitiva antes de finalizar el período de sesiones ordinarias.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, adelantó que existe la posibilidad de tratar el proyecto en una sesión ordinaria prevista para el 19 de noviembre. También dejó abierta la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias.
### Acuerdo entre oficialismo y sectores de la oposición
Durante el encuentro se analizaron dos expedientes que proponían insistir con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, presentados por Anabel Fernández Sagasti y Carlos Linares.
Sin embargo, Linares anunció que retiraría su iniciativa para acompañar el texto que obtuvo más de dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados.
El senador explicó que, aunque la propuesta no representa la solución ideal, considera necesario avanzar con el proyecto disponible y continuar trabajando sobre las necesidades del sector.
Por su parte, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el entendimiento alcanzado entre los distintos espacios políticos y consideró que representa un avance para encontrar una salida legislativa.
También diferenció las pensiones por discapacidad de los planes sociales, al señalar que se trata de prestaciones de distinta naturaleza.
### Cuestionamientos y diferencias durante el debate
El acuerdo no impidió que surgieran diferencias sobre el alcance de la iniciativa.
La senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, calificó la propuesta de oportunista y planteó la necesidad de introducir modificaciones. Además, cuestionó que no se hubiera debatido con todos los sectores responsables de la atención de las personas con discapacidad.
Desde el oficialismo, Bartolomé Abdala destacó las garantías presupuestarias incorporadas al proyecto. Explicó que los fondos destinados a discapacidad dentro del Ministerio de Salud no podrán disminuir en términos reales respecto del año anterior y que se contemplan compensaciones del Tesoro.
En tanto, la senadora Juliana Di Tullio cuestionó la postura del Gobierno y sostuvo que las propuestas presentadas por el peronismo contemplan mayores garantías para las personas con discapacidad y sus familias.
También manifestó preocupación por el tratamiento de los derechos del sector y adelantó que acompañaría el dictamen para permitir que la iniciativa continúe su recorrido legislativo.
Otros legisladores, como Bruno Olivera Lucero y Fernando Salino, protagonizaron intercambios en torno al financiamiento de la norma y la procedencia de los recursos necesarios para sostener las prestaciones.
### Qué establece el proyecto de Discapacidad
El texto que avanzó en el Senado contempla una serie de modificaciones respecto de la versión original del oficialismo.
Entre los principales puntos se encuentran:
* Actualización de aranceles: establece una actualización mensual de los valores del nomenclador de prestaciones de acuerdo con la inflación.
* Continuidad de las pensiones: mantiene las pensiones no contributivas y su compatibilidad con el empleo para quienes perciban ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles.
* Requisitos de acceso: incorpora directamente en la ley las condiciones para acceder a las pensiones, en lugar de dejar su definición exclusivamente en manos de la reglamentación del Poder Ejecutivo.
* Garantías presupuestarias: precisa las partidas destinadas al financiamiento del sistema y los mecanismos para cubrir eventuales faltantes.
* Cobertura de salud: reconoce el derecho de los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y discapacidad a recibir atención médica y las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901.
Además, la iniciativa establece plazos para cancelar las compensaciones pendientes a los prestadores de servicios.
El cronograma de pagos deberá notificarse dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y contemplar la cancelación total de las obligaciones dentro de los 90 días corridos para quienes hayan completado los trámites administrativos.
Con el dictamen de mayoría obtenido este miércoles, el proyecto quedó en condiciones de avanzar hacia el recinto del Senado, donde se definirá si finalmente se convierte en ley.
