FAMILIAS TOMARON UNA ESCUELA EN TINOGASTA Y EXIGEN LA DESIGNACIÓN DE DOS DOCENTES
La protesta se realizó en la Escuela N° 223 de Santa Rosa, donde dos cargos permanecen vacantes desde el año pasado. La Fiscalía ordenó levantar la ocupación y advirtió sobre un posible desalojo.
Padres de alumnos de la Escuela N° 223 Provincia de Misiones, ubicada en la localidad de Santa Rosa, departamento Tinogasta, tomaron el establecimiento el martes 3 de noviembre para reclamar la cobertura de dos cargos docentes vacantes desde el año pasado. Según denunciaron las familias, la falta de personal afecta el normal desarrollo de las clases en la institución, que funciona en doble turno. Los manifestantes solicitaron la intervención de las autoridades del Ministerio de Educación y aseguraron que mantendrán la medida hasta obtener una solución concreta.
Los puestos reclamados quedaron vacantes por la jubilación de una docente y por un caso de abandono de servicio. Durante la protesta se presentó el supervisor de Escuelas Primarias, Miguel Trejo, quien confirmó la existencia de ambos cargos pendientes y señaló que las autoridades provinciales conocen la situación. Según explicó, mantuvo conversaciones con la directora de Nivel y la secretaria de Gestión, quienes se comprometieron a buscar una respuesta lo antes posible para garantizar la continuidad educativa.
Sin embargo, Trejo aclaró que la designación de nuevos docentes requiere primero la autorización administrativa para cubrir las vacantes. Una vez habilitado ese procedimiento, la dirección escolar podrá iniciar el pedido formal con el acompañamiento de las familias y del supervisor. Aunque manifestó comprender el reclamo, advirtió que los trámites pueden demorar y que todavía no existe una fecha confirmada para las designaciones.
En medio de la ocupación intervino personal policial para comunicar una disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, a cargo de la fiscal subrogante Lourdes Maturano. La medida intimó a los padres a desalojar voluntariamente el establecimiento en el plazo de una hora y advirtió que, en caso de incumplimiento, podrían iniciarse actuaciones por desobediencia y solicitarse el desalojo mediante el uso de la fuerza pública.
Desde la Fiscalía señalaron que, si bien se reconoce el derecho a manifestarse, la ocupación afecta el funcionamiento de la institución y el dictado de clases. También se dispuso identificar a los participantes y registrar los motivos de la protesta. Hasta el momento, no se confirmó una solución para la cobertura de los cargos, mientras las familias mantienen su reclamo por la normalización de las actividades escolares.
