MADRID: LA POLICÍA DESMANTELÓ UNA ACAMPADA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA TRAS 38 DÍAS DE PROTESTA
Un operativo con 400 agentes permitió desalojar la Puerta del Sol durante la madrugada de este martes. Dos personas fueron detenidas por resistencia a la autoridad y comenzaron las tareas de limpieza del espacio público.
La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid desalojaron este martes 3 de noviembre el campamento instalado en la Puerta del Sol, donde cientos de manifestantes permanecían desde el 26 de septiembre para reclamar por el acceso a la vivienda. El procedimiento se realizó durante la madrugada, con la participación de 400 agentes, mientras unas 300 personas dormían en el lugar. La intervención concluyó sin incidentes de gravedad, aunque dos personas fueron detenidas por resistencia a la autoridad.
La Delegación del Gobierno en Madrid explicó que el operativo se llevó adelante después de que los organizadores comunicaran el final de la protesta y ante la existencia de presuntos hechos delictivos e incidentes. Según el organismo, el desalojo se desarrolló de manera gradual y sin violencia, con el objetivo de proteger a las personas y los bienes y recuperar el uso habitual de la plaza. Posteriormente, equipos municipales comenzaron a retirar las tiendas y los materiales acumulados, con la intervención de operarios, dos excavadoras y tres camiones.
La acampada había comenzado como respuesta al aumento de los alquileres y estuvo vinculada inicialmente con el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante siete décadas en la misma vivienda. Con el transcurso de las semanas, la movilización incorporó diferentes colectivos sociales y políticos, además de personas sin hogar. Parte de los organizadores ya había anunciado un desmantelamiento progresivo para preparar la huelga general convocada por los principales sindicatos para el 11 de noviembre, centrada en los reclamos por viviendas y salarios suficientes para afrontar los costos habitacionales.
La permanencia del campamento también generó diferencias entre las autoridades. Mientras la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento reclamaban su desmantelamiento, el entonces delegado del Gobierno central, Francisco Martín, se oponía a intervenir mientras no estuvieran comprometidos la seguridad y el orden público. Tras el operativo, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, celebró la medida y responsabilizó al presidente español, Pedro Sánchez, por haber permitido la protesta durante 38 días. Las críticas también fueron acompañadas por el portavoz parlamentario popular Carlos Díaz-Pache, quien cuestionó que el desalojo no se hubiera realizado antes.
