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JUICIO A LA BANDA DEL “NIÑO J”: LA FISCALÍA RETIRÓ CARGOS CONTRA DOS VIGILANTES Y PIDIÓ PENAS DE HASTA NUEVE AÑOS

El fiscal Rafael Vehils Ruiz solicitó condenas de entre 3 y 9 años de prisión para ocho de los diez imputados por narcotráfico en el penal de Miraflores. Hoy el Tribunal Oral Federal dará a conocer su veredicto.

JUICIO A LA BANDA DEL “NIÑO J”: LA FISCALÍA RETIRÓ CARGOS CONTRA DOS VIGILANTES Y PIDIÓ PENAS DE HASTA NUEVE AÑOS

El fiscal Rafael Vehils Ruiz solicitó condenas de entre 3 y 9 años de prisión para ocho de los diez imputados por narcotráfico en el penal de Miraflores. Hoy el Tribunal Oral Federal dará a conocer su veredicto.

El Tribunal Oral Federal de Catamarca celebró ayer la anteúltima audiencia del juicio por narcotráfico contra la denominada “banda del Niño J”, acusada de comercializar estupefacientes dentro del penal de Miraflores. En su alegato final, el fiscal Rafael Vehils Ruiz pidió penas de entre 3 y 9 años de prisión para la mayoría de los acusados y desistió de la acusación contra dos de los tres guardiacárceles involucrados, al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener su responsabilidad penal.

Los imputados son Jacobo Eliseo Jiménez, alias “Niño J” (31); su padre, Mario Roque Jiménez, conocido como “Coqui” (61); el chofer Raúl Apud (48); Cristian Miqueas Barros (31); Kevin Emanuel Barros (27); Dayana Giselle Sarmiento (31); el taxista Ariel Magno Brandán (49); y los guardiacárceles Lucas Brandán (33), José Alberto Molina (43) y Jorge Raúl Valdez (49).

Vehils Ruiz solicitó una condena de 9 años de prisión para “Coqui” Jiménez, considerado líder del grupo; 7 años para su hijo “Niño J”, Apud y los hermanos Barros; 3 años para Sarmiento, aplicando el criterio de “perspectiva de género”; y 7 años para el penitenciario Lucas Brandán. En cambio, pidió absolver a los agentes Molina y Valdez “por beneficio de la duda”.

Las defensas, representadas por los abogados Pedro Vélez, Juan Pablo Morales, Sebastián Ibáñez y Hugo Vizoso, reclamaron la absolución total de sus clientes y cuestionaron la validez de las pruebas obtenidas durante la investigación encabezada por el fiscal Santos Reynoso. Alegaron que no existió una verificación suficiente del material probatorio que vincula a los acusados con la presunta red de distribución de drogas en el penal.

El debate oral, que se extendió durante varias semanas, concluirá este viernes cuando el Tribunal dé a conocer su veredicto final. La resolución será clave para determinar el alcance judicial de una causa que expuso vínculos entre el narcotráfico y el sistema penitenciario provincial.

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