POLÉMICA EN BAHÍA BLANCA: EL GOBIERNO COBRÓ $17 MILLONES POR CADA PUENTE DE EMERGENCIA
El Ministerio de Defensa exigió al municipio el pago por las estructuras que el Ejército instaló tras el temporal. La decisión generó críticas y reavivó las tensiones entre la Nación y la ciudad bonaerense.
Una fuerte controversia se desató en Bahía Blanca luego de que el Gobierno nacional exigiera al municipio el pago de 17 millones de pesos por cada puente de emergencia instalado por el Ejército Argentino tras el temporal que en marzo pasado destruyó la conexión entre distintos sectores de la ciudad. La medida fue denunciada por el secretario de Obras Públicas local, Gustavo Trankels, quien advirtió que “si no pagaban, el Ejército se los llevaba”.
Según explicó el funcionario, el Ministerio de Defensa —a cargo de Luis Petri— condicionó la permanencia de las estructuras a la firma de un convenio con el municipio, que incluía el pago de la suma mencionada y un adicional por tareas de mantenimiento. “El Ejército vino y los posicionó en el lugar. Estábamos muy agradecidos porque era la manera de reconectar la ciudad, pero después nos plantearon que para continuar con la prestación Bahía Blanca debía pagar”, señaló Trankels en diálogo con el medio local La Brújula.
El intendente Federico Susbielles (Unión por la Patria) resolvió aceptar la exigencia para evitar quedar incomunicados. “Lo que hicimos fue resolver un problema, porque si no, se los llevaban. El intendente tomó la decisión de firmar el convenio y pagar para que los puentes continúen, si no, nos quedábamos sin conexión”, explicó el secretario.
La medida desató un inmediato repudio político. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz (UxP) acusó al gobierno de Javier Milei de “hacer un negocio con la necesidad de la gente”. En redes sociales escribió: “Que el Gobierno cobre alquiler por los puentes de emergencia tras una inundación devastadora es una muestra más de su crueldad y desprecio por el pueblo”.
Este nuevo conflicto se suma a una larga lista de desencuentros entre la administración nacional y el municipio bahiense. En junio, el Ejecutivo había vetado una ley aprobada por el Congreso que creaba un fondo especial de 200 mil millones de pesos para la reconstrucción de la ciudad. El argumento oficial fue la falta de una fuente de financiamiento específica.
La situación reaviva la tensión entre Nación y municipio en torno a la asistencia post-catástrofe y expone el delicado vínculo entre la gestión central y las administraciones locales, que acusan al Gobierno de desentenderse de los daños sociales y económicos que dejó el temporal.
