REFORMA LABORAL: EL GOBIERNO Y EMPRESARIOS ANALIZAN JORNADAS DE 13 HORAS DIARIAS
La propuesta incluye la eliminación de indemnizaciones, contratos en moneda extranjera y la flexibilización de las vacaciones, generando fuerte rechazo sindical.
Una nueva polémica se desató tras las declaraciones del empresario Martín Varsavsky, quien, en una cena con el presidente Javier Milei, planteó la posibilidad de implementar jornadas laborales de hasta 13 horas diarias dentro de un proyecto de reforma laboral inspirado en el “modelo griego”. Aunque el empresario, radicado en Madrid, aclaró que se trata de una iniciativa “negociable”, sus dichos encendieron las alarmas en sindicatos, organizaciones de trabajadores y sectores académicos, que ven en la propuesta un avance hacia una flexibilización extrema del sistema laboral argentino.
Según explicó Varsavsky, la idea forma parte de un paquete más amplio de “modernización laboral” presentado por Milei el pasado 11 de octubre en San Nicolás. Entre las medidas incluidas se encuentran la eliminación de las indemnizaciones por despido, reemplazadas por un fondo de cese laboral; la creación de un banco de horas para compensar trabajo extra con descanso; la posibilidad de firmar contratos en cualquier moneda, incluso dólares; y la flexibilización de las vacaciones, que quedarían bajo decisión del empleador.
El Gobierno sostiene que la reforma busca reducir la informalidad laboral y eliminar la llamada “industria del juicio”, pero para amplios sectores sociales representa una regresión histórica en materia de derechos laborales. Críticos advierten que en los países donde se aplicaron medidas similares, como Grecia, la informalidad no disminuyó, pero sí se deterioraron las condiciones de vida de los trabajadores.
En redes sociales, la expresión “13 horas de trabajo” se volvió tendencia y desató una ola de repudios. Para los gremios, el modelo que impulsa el oficialismo prioriza la flexibilidad por encima de la protección social y debilita la capacidad de negociación de los empleados en un contexto de salarios rezagados e inflación persistente.
La iniciativa aún debe ser debatida en el Congreso y discutida con los sindicatos, aunque la reacción inicial anticipa una fuerte resistencia. Si el Gobierno avanza con el proyecto, distintos sectores anticipan un escenario de creciente conflictividad social en los próximos meses.
