INVESTIGAN A UN VICEALMIRANTE POR ORDENAR LA DESTRUCCIÓN DE ARCHIVOS SENSIBLES DE LA ARMADA
La Justicia federal analiza si Juan Carlos Coré intentó eliminar documentación clave para causas de lesa humanidad, en un contexto de retrocesos institucionales en materia de derechos humanos.
La Justicia federal investiga al vicealmirante Juan Carlos Coré, director general del Estado Mayor de la Armada, por haber ordenado la destrucción de documentación que podría constituir prueba en causas por crímenes de lesa humanidad. La denuncia fue impulsada por el fiscal Félix Crous luego de que saliera a la luz un mensaje naval reservado, firmado el 8 de enero, que instruía el traslado del Archivo General de la Armada desde San Telmo al Taller Central y habilitaba la trituración de información a partir del 10 de febrero. El tema tomó estado público tras un comunicado de la Asociación de Archivistas en la Función Pública, que advirtió sobre el riesgo de perder material relevante para procesos judiciales vinculados al terrorismo de Estado.
Diversos juzgados federales —entre ellos San Martín, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Ciudad de Buenos Aires— dictaron medidas para frenar la mudanza y evitar la eliminación de archivos. Finalmente, la Armada remitió la documentación al Tribunal Oral Federal N.º 5, encargado de causas vinculadas al ex centro clandestino ESMA. Coré fue denunciado por incumplimiento de deberes de funcionario público y tentativa de destrucción de pruebas, causas que ahora tramitan en el juzgado de Daniel Rafecas, donde también se investigan hechos históricos cometidos por el Primer Cuerpo de Ejército.
La denuncia fiscal señala que el intento de destruir documentación debe leerse en un marco más amplio de decisiones oficiales que, desde 2024, recortaron mecanismos de preservación y acceso a archivos vinculados a delitos de lesa humanidad. Entre esos antecedentes figuran la negativa a colaborar con la Conadi, la eliminación de equipos de relevamiento de archivos en el Ministerio de Defensa y la disolución de la Unidad Especial de Investigación sobre apropiación de niños. Para Crous, estas acciones revelan un patrón orientado a obstaculizar la conservación de evidencia histórica.
La Armada acumula antecedentes de destrucción o adulteración de documentos desde la dictadura, cuando funcionaron estructuras específicas para eliminar registros del accionar represivo. Ya en democracia, también se detectaron alteraciones en legajos de marinos como Alfredo Astiz y Horacio Luis Ferrari. En este contexto, el avance de la causa sobre Coré se vuelve clave para determinar responsabilidades y evaluar el impacto de las recientes decisiones políticas, incluida la designación de Carlos Presti —hijo de un militar involucrado en secuestros y desapariciones— como futuro ministro de Defensa.
