NACIÓN RETIENE EL 75% DE LA RECAUDACIÓN MINERA Y LAS PROVINCIAS PRODUCTORAS SOLO EL 22%
Un análisis fiscal revela que la mayor parte de los ingresos del sector minero se concentran en el Tesoro Nacional, mientras las jurisdicciones productoras reclaman mayor participación.
Un informe sobre la distribución impositiva del sector minero en Argentina mostró que el 75% de los recursos generados por la actividad quedan en manos del Gobierno nacional, mientras que las provincias productoras apenas reciben el 22%, y los municipios donde se ubican los yacimientos tan solo el 3%. Los datos exponen una marcada desigualdad en el reparto de la renta minera, a pesar de que las provincias son las dueñas del recurso natural y asumen los impactos ambientales de la explotación.
El Impuesto a las Ganancias y el IVA son los tributos de mayor peso en la recaudación nacional vinculada a la minería. Aunque ambos son coparticipables, su distribución se realiza por igual entre todas las provincias, sin distinguir a las jurisdicciones productoras. En la práctica, el Tesoro Nacional retiene una parte significativa de esos fondos a través de asignaciones específicas y compensaciones fiscales, lo que reduce el flujo efectivo hacia las provincias al 45%-48% del total recaudado.
En el ámbito nacional, las mineras pagan el Impuesto a las Ganancias con una alícuota del 35% sobre utilidades netas, además del IVA —del 10,5% o 21% según el tipo de operación—, los derechos de exportación (actualmente 4,5% para litio y plata), derechos de importación de hasta el 14%, y tributos como el impuesto a los débitos y créditos bancarios (1,2%) y las contribuciones a la seguridad social, que suman cerca del 36,5% entre empleadores y trabajadores.
En las provincias, el principal ingreso lo generan las regalías mineras, con un tope del 3% sobre el valor “boca de mina”, aunque Catamarca, San Juan y Santa Cruz aplican adicionales que elevan el porcentaje al 3,5%. También inciden otros tributos como el canon minero, el impuesto a los Ingresos Brutos (1,5% a 5%), el inmobiliario y los aportes por responsabilidad social empresaria o fideicomisos locales —como el del Salar del Hombre Muerto en Catamarca o el Fondo Minero Provincial en San Juan—, que representan entre 0,5% y 2% de la facturación.
A nivel municipal, la participación es marginal: las tasas por inspección, higiene, seguridad, construcción y ambiente apenas alcanzan entre el 0,5% y el 2% de la facturación. En zonas mineras como Andalgalá o Belén (Catamarca), Olacapato (Salta) y Calingasta (San Juan), algunos municipios implementan ordenanzas ambientales específicas, pero los recursos recaudados siguen siendo mínimos frente al volumen total de la actividad.
El desequilibrio entre Nación y provincias reaviva el debate sobre un nuevo esquema de reparto que reconozca el carácter no renovable de los recursos y el impacto local de la explotación, reclamo que vuelve a instalarse en la agenda fiscal de las jurisdicciones mineras.
