CATAMARCA APRUEBA EL BANCO DE ADN Y CAMBIOS EN PRISIÓN PREVENTIVA
El Senado dio sanción definitiva a dos leyes que incorporan herramientas científicas y fijan criterios para decisiones judiciales.
La Cámara de Senadores de Catamarca aprobó este jueves dos leyes clave para el sistema judicial provincial: la creación del Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados y una reforma parcial del Código Procesal Penal. Las iniciativas, que ya contaban con media sanción de Diputados, fueron tratadas en la tercera sesión extraordinaria encabezada por el presidente provisorio Ramón Figueroa Castellanos.
La Ley N° 5935 establece la creación del Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados, que funcionará bajo la órbita del Poder Judicial. El organismo tendrá la función de obtener, almacenar y custodiar perfiles genéticos derivados del análisis de ADN, con el objetivo de aportar a investigaciones penales y a la identificación de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas.
La norma dispone que el tratamiento de estos datos se realice exclusivamente en laboratorios públicos dependientes del Poder Judicial o del Ministerio Público, con intervención del Laboratorio Satélite Forense. También prohíbe la tercerización integral del servicio, permitiendo excepciones puntuales por razones operativas.
Durante el debate, la senadora Carolina Casas señaló que se trata de una herramienta necesaria y destacó la importancia de resguardar las garantías constitucionales. En la misma línea, la senadora Pamela López remarcó la incorporación de tecnología en el sistema judicial con respeto a los derechos individuales.
Por su parte, la Ley N° 5936 introduce modificaciones en los artículos 280 y 292 del Código Procesal Penal, con el objetivo de establecer criterios para evaluar el riesgo procesal al dictar prisiones preventivas. La reforma busca que las decisiones judiciales sean más fundamentadas, previsibles y sujetas a control.
El senador Guillermo Ferreyra sostuvo que la iniciativa no altera el carácter excepcional de la prisión preventiva, sino que apunta a mejorar el funcionamiento del sistema judicial dentro del marco constitucional. Según explicó, la medida busca aportar mayor seguridad jurídica y fortalecer la respuesta institucional frente al delito.
