EL INTENDENTE DE CARAGUATAY ACUSADO DE ABUSO SEXUAL PIDIÓ LICENCIA Y UNA CONCEJAL LIBERTARIA ASUMIÓ DE FORMA INTERINA
Mario Peyer solicitó apartarse del cargo tras un pedido del gobernador de Misiones. El Concejo Deliberante designó como intendenta interina a Norma Gularte.
El intendente de la localidad misionera de Caraguatay, Mario Peyer, solicitó una licencia de 30 días en su cargo luego de que se conociera una denuncia penal en su contra por presunto abuso sexual presentada por una empleada municipal.
La decisión se produjo tras un pedido del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien solicitó públicamente que el jefe comunal se aparte de sus funciones para garantizar que la investigación judicial avance con normalidad.
Ante la ausencia del intendente, el Concejo Deliberante de Caraguatay designó como jefa comunal interina a la concejal Norma Gularte, quien ocupaba el cargo de vicepresidenta del cuerpo legislativo local. La dirigente forma parte de La Libertad Avanza, espacio político liderado por el presidente Javier Milei.
Durante su primera intervención pública tras asumir el cargo, Gularte manifestó cautela ante la situación institucional que atraviesa el municipio. “Estamos atravesando momentos muy difíciles y necesitamos pensar bien cada paso para no faltar el respeto a ningún vecino”, expresó ante la prensa local.
La investigación judicial se inició a partir de la denuncia presentada por una empleada municipal de 31 años, quien acusó a Peyer de abuso sexual con acceso carnal y amenazas. Según su declaración, los episodios de acoso habrían comenzado en julio de 2025 y el hecho más grave habría ocurrido el 4 de septiembre del mismo año.
De acuerdo con la denuncia, el intendente habría abordado a la mujer en su lugar de trabajo y posteriormente la habría sometido a una agresión sexual. La víctima también aseguró que recibió amenazas para no revelar lo sucedido, vinculadas a la continuidad de su empleo y a la situación laboral de su pareja, quien se desempeña como policía.
La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Puerto Rico, conducido por el juez Manuel Balanda Gómez. En el marco de la investigación se realizaron allanamientos en dependencias municipales y en el domicilio particular del intendente, además del secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.
La Justicia también dispuso una prohibición de contacto entre Peyer y la denunciante, así como con su núcleo familiar. El proceso judicial se encuentra actualmente en etapa de instrucción, centrado en la recolección de pruebas y testimonios.
Por tratarse de un funcionario electo, el intendente cuenta con inmunidad legal mientras permanezca en el cargo, por lo que una eventual detención preventiva solo podría concretarse si el Concejo Deliberante aprueba su desafuero. Entretanto, la gestión municipal quedó provisoriamente a cargo de Gularte mientras avanza la investigación.
