QUÉ SIGNIFICA LA MUERTE DIGNA Y CUÁL ES SU ALCANCE LEGAL EN ARGENTINA
La legislación vigente permite rechazar tratamientos en casos irreversibles, aunque la eutanasia y el suicidio asistido no están habilitados.
El debate sobre el final de la vida volvió a tomar relevancia tras el caso de una joven española que accedió a la eutanasia. En Argentina, si bien esa práctica no está permitida por ley, existe un marco legal que regula el derecho de los pacientes a decidir sobre su tratamiento en situaciones críticas.
La denominada “muerte digna” está contemplada en la Ley 26.742, sancionada en 2012, que reconoce el derecho de las personas a rechazar procedimientos médicos cuando atraviesan enfermedades irreversibles, incurables o en estado terminal. Esto incluye la posibilidad de negarse a intervenciones que prolonguen la vida de manera artificial o que impliquen un sufrimiento desproporcionado.
A diferencia de la eutanasia, que implica una acción directa para provocar la muerte, la muerte digna permite que el proceso natural continúe sin la aplicación de medidas invasivas. En este sentido, la normativa no busca acelerar el fallecimiento, sino evitar la prolongación innecesaria del padecimiento del paciente.
La ley establece además que, en caso de que la persona no pueda expresar su voluntad, sus familiares o representantes pueden tomar decisiones sobre la suspensión de tratamientos o soportes vitales. Este enfoque pone en el centro la autonomía del paciente y el respeto por su decisión en contextos de salud complejos.
En contraste, tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido —en los que existe una intervención directa para provocar la muerte o facilitar los medios para ello— continúan sin estar legalizados en el país, lo que marca una diferencia con otras legislaciones internacionales donde estas prácticas sí están permitidas.
