LA FISCALÍA DE BRASIL IMPUTÓ A CUATRO PERSONAS POR LA MUERTE DE UNA JOVEN EN UN SALTO DE BUNGEE
La investigación sostiene que la víctima fue lanzada al vacío sin que la cuerda de seguridad estuviera sujeta al arnés. Tres instructores y la organizadora del evento fueron acusados por el hecho.
La Fiscalía de Brasil presentó una denuncia penal contra cuatro personas por la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven de 21 años que falleció el 13 de junio durante una actividad de rope jumping en la localidad de Limeira, estado de São Paulo. Según la acusación, la víctima fue lanzada desde una altura de entre 30 y 35 metros sin que la cuerda de seguridad estuviera conectada a su arnés, lo que provocó una caída que le ocasionó múltiples lesiones fatales.
El Ministerio Público imputó a los instructores Luis Felipe Feliciano Egoroff, Maicon Fernandes Cintra y Vitor de Freitas Gonçalves por el delito de homicidio con dolo eventual, agravado por motivo torpe y por el uso de recursos que impidieron la defensa de la víctima. La organizadora del evento también fue acusada bajo la figura de omisión impropia por incumplir su deber de garantizar la seguridad de los participantes y por fraude procesal, al ser señalada de intentar destruir pruebas vinculadas a la investigación.
De acuerdo con la investigación, el grupo organizaba actividades sin una estructura formal de gestión de riesgos y sin respetar protocolos básicos de seguridad, pese a conocer los peligros de la práctica y la existencia de incidentes anteriores. La víctima participaba de una maniobra conocida como “avioncito”, en la que los operadores sostienen al participante antes de lanzarlo al vacío, procedimiento que exige estrictos controles previos.
La Fiscalía también sostuvo que, tras el accidente, la organizadora ordenó recuperar la cámara corporal que llevaba la joven y eliminar su contenido con el objetivo de obstaculizar la investigación. Además, solicitó mantener la prisión preventiva de los tres instructores, convertir en preventiva la detención de la organizadora y fijar una indemnización de 200.000 reales para la familia de la víctima en concepto de reparación por los daños sufridos.
