CONDENAN AL ESTADO PROVINCIAL POR LA MUERTE DE UN ADOLESCENTE EN LA ALCAIDÍA
La Justicia ordenó indemnizar con más de $156,7 millones a la familia de Nelson Fernández y atribuyó responsabilidad a la Provincia por las condiciones de custodia.
El Estado provincial fue condenado a pagar $156.777.575, más intereses, a la familia de Nelson Nahuel Fernández, uno de los cuatro jóvenes fallecidos durante el incendio ocurrido en la Alcaidía en 2011. La resolución fue dictada por la jueza Civil Nº 5, María Lucía Cano, a partir de una demanda presentada en junio de 2022.
La magistrada determinó que la Provincia tenía la responsabilidad de garantizar la custodia y la integridad física de Fernández, quien tenía 15 años y se encontraba privado de su libertad. El fallo examinó las condiciones de seguridad del establecimiento y señaló la existencia de material combustible, un elemento apto para iniciar el fuego y siete matafuegos que no mostraban signos de haber sido utilizados.
La sentencia también indicó que las bocas del sistema de extinción por agua no funcionaban al momento de la primera inspección. Tres días después del incendio se constató, además, que el sistema correspondiente a la celda afectada estaba incompleto. A estas deficiencias se sumaron las dificultades que presentaba la puerta-reja para abrirse y cerrarse.
Para la jueza, las condiciones materiales y los medios disponibles no permitieron prevenir adecuadamente el incendio ni actuar de manera eficaz durante la emergencia. La situación fue considerada especialmente grave por el deber reforzado de protección que recaía sobre el Estado, debido a que Fernández era adolescente y estaba bajo custodia de agentes provinciales.
Este es el segundo fallo civil favorable a familiares de las víctimas de la Tragedia de la Alcaidía. En 2021, otro juzgado había resuelto a favor de la familia de Franco Sosa. En paralelo, la causa penal se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras un recurso del Ministerio Público Fiscal contra la decisión de la Corte de Justicia de Catamarca que, en noviembre del año pasado, declaró extinguida la acción penal y sobreseyó a los cuatro policías imputados.
