UNA JUEZA FEDERAL BLOQUEÓ PARTE DE LA LEY DE NUEVA YORK QUE REGULABA LOS OPERATIVOS MIGRATORIOS
La magistrada Mae D’Agostino suspendió la prohibición para que agentes federales de inmigración utilicen cubrebocas y confirmó que el estado no puede imponer esas restricciones. Sin embargo, dejó vigente la norma que limita la cooperación entre la policía local y el ICE.
Una jueza federal suspendió en Nueva York la aplicación de una parte de la ley estatal que impedía a los agentes federales de inmigración utilizar cubrebocas durante sus operativos y que, además, les exigía portar una identificación visible. La magistrada Mae D’Agostino concluyó que esas disposiciones probablemente vulneran la Constitución de Estados Unidos al intentar regular el accionar de funcionarios federales.
La decisión hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por el gobierno federal. En su resolución, la jueza sostuvo que existe una alta probabilidad de que la normativa estatal contradiga la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que establece la prevalencia de la legislación federal sobre la estatal en determinadas materias.
D’Agostino reconoció que la intención de Nueva York de promover mayor transparencia en los procedimientos puede ser legítima, aunque aclaró que el análisis judicial se limitó a determinar la constitucionalidad de la norma. También señaló que corresponde a las autoridades federales definir las políticas para la aplicación de las leyes migratorias, incluso cuando el uso de cubrebocas o la ausencia de identificación visible puedan generar cuestionamientos.
La demanda fue presentada por el Departamento de Justicia, que argumentó que los agentes necesitan resguardar su identidad frente a posibles amenazas o situaciones de acoso durante los operativos. No obstante, la jueza dejó firme la disposición que prohíbe la cooperación formal entre las fuerzas de seguridad locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), medida que entrará en vigor el 25 de agosto. Tras el fallo, la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James destacaron que esa parte de la legislación continúa vigente y adelantaron que evalúan alternativas legales para revertir el bloqueo del resto de la norma.
