El Gobierno creará una nueva área en Cancillería para coordinar el reclamo argentino por Malvinas
El Sistema de Articulación de la Política Exterior buscará centralizar acciones estatales que puedan afectar los intereses internacionales y la posición argentina sobre el Atlántico Sur.
El Gobierno nacional anunció la creación de una nueva área dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto destinada a coordinar las acciones vinculadas con el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.
La Oficina del Presidente informó que se incorporará el denominado Sistema de Articulación de la Política Exterior, cuyo objetivo será establecer mecanismos de información, coordinación y asesoramiento sobre actividades estatales que puedan tener impacto en la política exterior o en los intereses internacionales del país.
Según el anuncio, el mecanismo permitirá a la Cancillería procurar que las acciones relacionadas con las relaciones exteriores mantengan una línea uniforme con los principales objetivos de la política exterior argentina respecto de las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
El Gobierno sostiene que el ejercicio pleno de la soberanía sobre esos territorios requiere una estrategia coordinada que contemple aspectos diplomáticos, jurídicos y políticos.
Coordinación de las medidas
El nuevo sistema también permitirá que la Cancillería intervenga cuando considere que alguna actividad estatal puede contradecir o debilitar la posición oficial argentina sobre la soberanía en el Atlántico Sur.
La finalidad será reforzar los reclamos ante la comunidad internacional y adoptar medidas destinadas a defender los derechos e intereses nacionales que el Gobierno vincula con la cuestión Malvinas.
En este marco, el canciller Pablo Quirno describió la estrategia oficial como un esquema que combina sanciones, acciones diplomáticas y fortalecimiento de las capacidades logísticas.
Además, confirmó que la Cancillería será la encargada de iniciar los expedientes sancionatorios contemplados en el decreto reglamentario de la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.
Quirno explicó que la decisión responde a que se trata principalmente de una cuestión de política exterior y que las actividades involucradas exceden el ámbito estrictamente hidrocarburífero. Hasta el momento, el Ministerio denunció a 60 empresas en coordinación con la Procuración del Tesoro.
Nuevas medidas sobre empresas
El canciller sostuvo que uno de los objetivos es impedir la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. En ese sentido, señaló que la Argentina cuenta actualmente con una herramienta de presión vinculada con el peso de Vaca Muerta como destino de inversiones energéticas.
Según planteó Quirno, esa situación puede influir en las decisiones de las empresas que deben definir entre operar en el mercado argentino o vincularse con licencias que el Gobierno considera ilegales en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa.
La estrategia también se complementa con un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que impulsa el Poder Ejecutivo y que se encuentra en revisión en la Secretaría de Legal y Técnica.
La iniciativa contempla modificaciones a la Ley 26.659, con un endurecimiento de las sanciones y una ampliación de las actividades alcanzadas. Entre las alternativas analizadas aparece la pesca.
El proyecto ingresará por la Cámara de Diputados y, según las estimaciones de la mesa política del Gobierno, el debate en comisión podría comenzar entre fines de septiembre y principios de octubre.
Los ministros Pablo Quirno y Carlos Presti, quienes participaron en la elaboración del proyecto, aparecen entre los posibles funcionarios que podrían exponer ante el Congreso sobre los alcances de la iniciativa.
