Granja Tres Arroyos explicó ante la Justicia las causas de su crisis y reconoció una deuda millonaria
La empresa inició un concurso preventivo junto con otras sociedades del grupo y atribuyó su situación a la caída del mercado interno, el aumento de costos, las importaciones y el cierre de mercados externos.
Granja Tres Arroyos se presentó formalmente en concurso preventivo y detalló ante la Justicia los factores que, según la compañía, llevaron a su actual situación financiera. En el expediente, la firma reconoció una deuda superior a $126.000 millones.
El pedido también alcanza a las otras tres sociedades que integran el grupo: Wade, que opera la planta de la ex Cresta Roja; Avex, con su complejo avícola en Río Cuarto; y Holding Agro Industrial S.A. (HAISA), sociedad controlante del conjunto empresario.
La empresa sostuvo en el expediente que su crisis no responde a una gestión empresarial imprudente ni a una operación inviable, sino a una combinación de desequilibrios macroeconómicos, cambios en las condiciones del sector y distintos factores externos.
Un mercado interno con menor capacidad de absorción
Uno de los principales argumentos presentados por la compañía está relacionado con el consumo interno de pollo. Según el expediente, la demanda alcanzó un límite luego de un fuerte crecimiento registrado desde comienzos de siglo.
A ese escenario se sumó, de acuerdo con la empresa, una pérdida sostenida del poder adquisitivo de las familias, que redujo la capacidad de absorción del mercado para los productos alimenticios.
La situación se agravó por las características del pollo como producto perecedero. La compañía explicó que no podía almacenar la producción durante períodos prolongados a la espera de mejores precios y que, frente al incremento de los costos de energía, transporte, insumos y salarios, debió vender parte de su producción por debajo del costo de reposición.
El impacto de las importaciones y el cierre de mercados
Otro de los factores señalados fue el aumento del ingreso de carne aviar proveniente de Brasil entre 2024 y 2026. La empresa vinculó este proceso con la flexibilización de licencias de importación y la reducción de aranceles.
Según el expediente, los productos importados a precios más bajos limitaron la posibilidad de trasladar a los consumidores los costos de producción de la compañía.
A este panorama se agregó el brote de gripe aviar registrado en 2023. La pérdida del estatus sanitario provocó el cierre de los mercados de China, Chile y la Unión Europea, que representaban una fuente importante de ingresos en divisas.
Como consecuencia, la producción que no pudo colocarse en esos destinos se volcó al mercado interno, que ya atravesaba las dificultades señaladas por la empresa. Al mismo tiempo, aumentaron los costos vinculados con granos, energía, logística y mano de obra.
Una deuda superior a $126.000 millones
El expediente reconoce una acumulación de cheques de pago diferido rechazados que superaba los $126.000 millones al momento de la presentación judicial.
El deterioro también aparece reflejado en los balances. Los Resultados No Asignados habían mostrado un saldo positivo de $3.944 millones en 2022, pero pasaron a -$68.968 millones en 2023 y a -$37.108 millones en 2024.
Para 2025, la propia empresa proyectó un saldo negativo acumulado de $122.052 millones. En paralelo, el índice de liquidez pasó de 1,43 en 2022 a 0,51 en 2025.
La compañía señaló además que mantiene más de 1.700 puestos de trabajo directos y que el número supera los 3.000 si se consideran las empresas vinculadas al grupo.
El antecedente de Cresta Roja
Parte de la situación financiera del grupo está relacionada con la incorporación de la planta de la ex Cresta Roja. El establecimiento, actualmente operado por Wade, tenía antecedentes de problemas financieros, conflictos gremiales y cambios de control.
En 2015, la Justicia decretó la quiebra de Rasic Hnos., luego de un período marcado por deudas, cheques sin fondos y despidos.
En 2016, la planta fue adjudicada a Proteinsa S.A. por USD 121 millones. Granja Tres Arroyos había participado del proceso con una oferta junto a Adecoagro.
Dos años después, en 2018, GTA asumió el control operativo de la planta con autorización del Gobierno nacional. En marzo de ese año, además, se convirtió en garante de Wade S.A. para la adquisición de las unidades productivas surgidas de la quiebra.
Según el expediente, esa garantía derivó en desembolsos extraordinarios superiores a USD 25 millones destinados a capital de trabajo, reequipamiento y continuidad de las operaciones.
El grupo atraviesa así una crisis financiera que, de acuerdo con la presentación judicial, busca ser reestructurada mediante el concurso preventivo. La empresa plantea que el proceso permita ordenar su pasivo, preservar los puestos de trabajo y mantener la continuidad de sus actividades.
