Kicillof enfrenta nuevos cuestionamientos por la inseguridad y el freno al Régimen Penal Juvenil
La oposición bonaerense elevó sus críticas al gobernador tras una serie de hechos delictivos y la suspensión judicial durante 60 días de la nueva normativa penal juvenil.
La situación de inseguridad en el conurbano bonaerense y la suspensión judicial del nuevo Régimen Penal Juvenil incrementaron la presión política sobre el gobernador Axel Kicillof.
La Libertad Avanza presentó en ambas Cámaras de la Legislatura bonaerense un pedido de interpelación al ministro de Seguridad, Javier Alonso. El objetivo es que el funcionario explique el despliegue policial, las estrategias de prevención y los recursos destinados a combatir el delito en la provincia.
El presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, cuestionó la falta de información pública sobre la política de seguridad y reclamó que Alonso concurra a la Legislatura para brindar explicaciones. Desde los bloques libertarios también reclamaron una mayor intervención de Kicillof frente a la situación que atraviesan los bonaerenses.
El crimen que profundizó los reclamos
Uno de los hechos que incrementó la tensión política fue el asesinato de David Elías Ojeda Vázquez, de 23 años, ocurrido en José C. Paz.
El joven regresaba de un gimnasio cuando fue interceptado durante el robo de su motocicleta en la calle Polonia, entre Piñero y Matheu. Según la reconstrucción de los investigadores, los delincuentes le dispararon por la espalda, le sustrajeron el vehículo y escaparon.
Ojeda Vázquez fue trasladado al Hospital Mercante, donde murió a raíz de las heridas. Los sospechosos continuaban prófugos y la investigación analizaba imágenes aportadas por vecinos.
Tras el homicidio, amigos y vecinos realizaron una marcha por el centro de José C. Paz y se concentraron frente a la sede municipal para reclamar justicia y mayores medidas de prevención.
La intendenta interina, Lorena Espina, también cuestionó al Gobierno provincial. La Municipalidad difundió un comunicado en el que exigió a Kicillof reforzar la seguridad tanto en el distrito como en el resto de la provincia y reclamó acciones inmediatas.
La comuna destacó además los recursos propios destinados a la prevención, entre ellos más de 250 efectivos y 70 móviles de la Patrulla Urbana Municipal, cámaras de monitoreo y aportes para combustible y reparaciones de patrulleros de la Policía Bonaerense.
Críticas por la presencia de Alonso en Misiones
Los cuestionamientos también llegaron desde el senador provincial de Hechos, Marcelo Leguizamón, quien criticó que Alonso integrara la comitiva que acompañó a Kicillof durante una gira por Misiones.
El legislador sostuvo que la Provincia necesita presencia y respuestas concretas frente a los reclamos por inseguridad y cuestionó que el ministro aún no hubiera concurrido al Senado provincial para responder preguntas sobre la política del área.
La respuesta del Gobierno bonaerense
Mientras crecen las críticas, Kicillof y Alonso encabezaron distintas actividades vinculadas con la seguridad.
Esta semana, el gobernador tomó juramento de fidelidad a la bandera nacional a 2.075 cadetes en la Escuela de Policía Juan Vucetich, en Berazategui. Allí destacó las inversiones de su administración en infraestructura, equipamiento, tecnología y capacitación de los agentes.
A fin de año, quienes completen su formación se incorporarán a una fuerza que, según datos oficiales, supera los 90.000 efectivos.
Además, Kicillof inauguró junto al intendente de Ezeiza, Gastón Granados, el edificio de la subcomisaría Cuatro Bocas, en Tristán Suárez. La nueva dependencia busca ampliar la presencia policial y los dispositivos de prevención en el barrio.
Alonso señaló que ya fueron inaugurados más de 18 destacamentos destinados a reforzar la seguridad.
La suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil
La discusión se profundizó a partir de la decisión de la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, quien suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia.
La magistrada argumentó que no existen dispositivos, recursos profesionales e infraestructura suficientes para implementar el nuevo sistema. Si bien manifestó estar de acuerdo con reducir la edad de imputabilidad, consideró que no estaban dadas las condiciones para aplicar la normativa en el territorio bonaerense.
La ley había reducido de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad y comenzó a regir el 5 de septiembre. Dos días después, la resolución judicial frenó su aplicación en la provincia.
La decisión generó nuevos cuestionamientos de sectores opositores tanto hacia la jueza como hacia el Gobierno de Kicillof. Hasta el momento fueron presentados tres pedidos de jury contra Pascual: uno impulsado por el diputado de Hechos Manuel Passaglia, otro por el senador provincial del PRO Guillermo Montenegro y un tercero por el exjuez del Tribunal en lo Criminal N° 1 de La Matanza Alfredo Drochi.
