Bukele evalúa una salida anticipada para miles de detenidos en El Salvador
El presidente salvadoreño anunció un plan que podría beneficiar a cerca de la mitad de los más de 90.000 presos bajo el régimen de excepción, aunque todavía no definió los requisitos ni los plazos.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno analiza implementar un sistema de liberación anticipada y condicional que podría alcanzar aproximadamente al 50% de las personas encarceladas durante la denominada guerra contra las pandillas.
La iniciativa fue presentada durante una conferencia de prensa, en medio de cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos por las detenciones y las condiciones del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
“Nosotros tenemos un plan y creo que beneficiaría más o menos a un 50% de los presos que hay en El Salvador, que han colaborado con pandillas, con una liberación anticipada”, afirmó el mandatario.
Bukele explicó que la propuesta contempla establecer distintos niveles de responsabilidad entre quienes colaboraron con las organizaciones criminales. Según sostuvo, no todas las formas de colaboración tienen el mismo grado de gravedad, por lo que el Gobierno buscaría aplicar criterios diferenciados para determinar las posibles condenas anticipadas, acompañadas de mecanismos de monitoreo.
Sin embargo, el presidente no brindó detalles sobre las condiciones para acceder al beneficio ni precisó cuándo comenzaría a implementarse.
Más de 93.000 personas detenidas
Desde la entrada en vigor del régimen de excepción, alrededor de 93.000 personas fueron encarceladas en El Salvador. La medida permitió reducir los índices de criminalidad, pero también generó denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos.
Organizaciones no gubernamentales y un grupo de expertos de las Naciones Unidas advirtieron sobre posibles crímenes de lesa humanidad vinculados con su aplicación.
El propio Bukele reconoció que 8.000 personas consideradas inocentes fueron liberadas. Funcionarios de su Gobierno describieron esos casos como parte de un margen de error del operativo.
Además, organizaciones defensoras de derechos humanos registraron más de 6.000 denuncias durante la vigencia del régimen y documentaron la muerte de al menos 575 personas bajo custodia.
Cuestionamientos sobre quién determinará las liberaciones
El anuncio se produjo luego de una pregunta sobre publicaciones realizadas en abril por Ibrajim Bukele, hermano del presidente, quien había mencionado la existencia de una comisión independiente encargada de evaluar los casos de personas detenidas.
Según aquellas publicaciones, el organismo trabajaba junto con la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y los Centros Penales, con participación del despacho de la primera dama.
Nayib Bukele sostuvo que el objetivo era evitar que personas inocentes permanecieran encarceladas y aseguró que su hermano no desempeña ningún papel en el plan.
También señaló que la comisión no dependería del sistema de jueces ni de la Fiscalía General de la República, sino de una modalidad que describió como una tercera vía de justicia.
Abraham Abrego, director legal de la organización Cristosal, cuestionó ese enfoque. Si bien señaló que la revisión de los casos de personas inocentes detenidas es un reclamo reiterado de las organizaciones de derechos humanos, advirtió que determinar la culpabilidad corresponde al sistema judicial y no al Poder Ejecutivo.
El representante también cuestionó que el Gobierno describiera a los posibles beneficiarios como colaboradores de pandillas, en lugar de reconocer la posibilidad de que haya personas inocentes entre los detenidos.
Bukele defendió la continuidad del régimen de excepción
Durante la misma conferencia, el mandatario rechazó las críticas de organizaciones nacionales e internacionales por presuntas vulneraciones de derechos fundamentales y defendió la continuidad de la medida.
Bukele comparó el régimen de excepción con una quimioterapia que habría permitido controlar el problema de la violencia, aunque sostuvo que todavía existen grupos criminales que justifican mantenerlo.
Al mismo tiempo, manifestó su intención de suspenderlo en el futuro, aunque no estableció una fecha para hacerlo.
La medida fue aprobada por el Congreso el 27 de marzo de 2022, después de que el país registrara 62 asesinatos atribuidos a las pandillas en una sola jornada. Ese año terminó con 495 homicidios.
El régimen suspendió garantías como el derecho a conocer los motivos de una detención y el acceso a un abogado. También amplió de 72 horas a 15 días el período de detención sin audiencia y habilitó la intervención de telecomunicaciones sin orden judicial.
Según los datos mencionados, El Salvador cerró 2025 con 82 homicidios, frente a los 6.656 registrados en 2015, cuando la tasa alcanzó los 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Mientras el Gobierno destaca la reducción de la violencia, persisten las críticas por las detenciones masivas y los procesos judiciales colectivos, que, según organizaciones de derechos humanos, pueden impedir que se evalúe individualmente la responsabilidad penal de cada acusado.
