DIPUTADOS APROBÓ EL RÉGIMEN PENAL JUVENIL, PERO SU COSTO SIGUE SIN DEFINIRSE
El proyecto pasó al Senado y exige equipos profesionales, nuevas funciones y centros especializados. No establece cuánto costará aplicarlo ni cómo se cubrirán todos los recursos necesarios.
La Cámara de Diputados de Catamarca dio media sanción a la reforma del Régimen Penal Juvenil provincial, que ahora deberá tratar el Senado. La iniciativa adecua la Ley Provincial 5544 a la Ley Nacional 27.801, que redujo la edad de imputabilidad a 14 años. El texto prevé que entre en vigencia al día siguiente de su publicación, aunque no incluye una estimación del costo de implementación.
Durante el debate, Mamerto Acuña, de Generar, cuestionó la falta de un cálculo presupuestario. El proyecto faculta a la Corte de Justicia a prever recursos con carácter prioritario e inmediato y a solicitar partidas extraordinarias cuando los fondos ordinarios sean insuficientes. También permite al Ejecutivo reajustar y reasignar partidas del Poder Judicial, Desarrollo Social y Hacienda y Obra Pública. Acuña sostuvo que esta última disposición podría vulnerar la Constitución Provincial porque, según planteó, solo la Corte puede modificar su presupuesto.
La reforma contempla dos equipos interdisciplinarios: uno para el Poder Judicial y otro para el Ministerio de Desarrollo Social. Estarán integrados por psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos y especialistas en adicciones, entre otros profesionales. Además, incorpora un supervisor especializado para seguir la situación de cada adolescente sancionado y prevé funciones para un juez de ejecución penal juvenil. Laura Quintero, de Generar, advirtió que ese cargo autónomo todavía no está creado.
Los adolescentes detenidos deberán permanecer en centros especializados y no podrán ser alojados en calabozos de comisarías junto con adultos. Quintero señaló que el único establecimiento de ese tipo en Catamarca es el Centro Juvenil Santa Rosa, en Valle Viejo. También afirmó que no existen dispositivos similares en el interior ni uno específico para mujeres. Alicia Paz, de la UCR, agregó que faltan espacios diferenciados para procesados y condenados.
El régimen será aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años y establece un máximo de 15 años para las penas privativas de libertad. También mantiene la prohibición de difundir datos que permitan identificarlos. El Senado deberá tratar el proyecto aprobado por Diputados, que requiere estructuras y recursos cuya implementación todavía no fue cuantificada.
