Detuvieron al fiscal general de Bolivia en una investigación por narcotráfico
La captura de Roger Mariaca y de otros 13 funcionarios abrió una crisis en el Ministerio Público, mientras las autoridades investigan una presunta organización criminal.
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido junto con otras 13 personas en el marco de una investigación por presunto narcotráfico y organización criminal, un operativo que generó una crisis institucional en el sistema judicial del país.
Según informó el Gobierno boliviano, Mariaca es señalado como presunto líder de una organización que habría utilizado estructuras del Ministerio Público para proteger y beneficiarse del tráfico de drogas. Las acusaciones incluyen organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.
La operación policial se desarrolló durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Entre los detenidos también se encuentra el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, además de otros funcionarios.
Una ambulancia con dinero
Uno de los procedimientos tuvo lugar en Santa Cruz, donde la Policía interceptó una ambulancia que había salido del domicilio de Mariaca. En el interior fueron encontrados bolsos y maletines con grandes cantidades de dinero en efectivo, por lo que cuatro personas quedaron detenidas.
Además, otros funcionarios fueron arrestados cuando intentaban retirar documentación de las oficinas de la Fiscalía.
El Gobierno aseguró que el operativo fue realizado exclusivamente por la Policía boliviana y señaló que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) no participó.
Crisis en el Ministerio Público
La detención de Mariaca provocó cuestionamientos dentro de la propia Fiscalía. Inicialmente, la institución calificó la aprehensión como ilegal y la describió como un "secuestro", además de cuestionar el ingreso de efectivos policiales a sus oficinas en Sucre.
Ante la ausencia del fiscal general, el fiscal superior Luis Montaño asumió de manera interina la conducción del Ministerio Público, argumentando que su decisión se encuentra respaldada por la normativa boliviana.
Montaño sostuvo que su gestión será temporal y estará destinada a garantizar la continuidad de las tareas fiscales mientras la Asamblea Legislativa define el mecanismo para elegir a un nuevo titular.
Sin embargo, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, puso en duda la legalidad de esa designación y anticipó que se analizará la normativa vigente.
En paralelo, el presidente de la Asamblea Legislativa, Gustavo Ávila, convocó a una sesión para abordar las restricciones de visa impuestas por Estados Unidos y evaluar la creación de una comisión parlamentaria de investigación.
