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La Corte Suprema rechazó una nueva presentación de siete condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

El máximo tribunal desestimó el recurso con el que los acusados cuestionaban presuntas irregularidades en las primeras actuaciones judiciales. La decisión no modifica las condenas por el homicidio.

La Corte Suprema rechazó una nueva presentación de siete condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

El máximo tribunal desestimó el recurso con el que los acusados cuestionaban presuntas irregularidades en las primeras actuaciones judiciales. La decisión no modifica las condenas por el homicidio.


La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un nuevo recurso presentado por siete de los ocho condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. La presentación cuestionaba el accionar de la fiscal que investigó el crimen y de otros funcionarios judiciales por supuestas irregularidades durante las primeras horas de la causa.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El tribunal desestimó el planteo al considerar que no contaba con una fundamentación autónoma suficiente y que no rebatía de manera adecuada los argumentos de la decisión cuestionada.

El recurso había sido impulsado por el abogado Hugo Tomei, cuando representaba a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi.

Qué cuestionaba la defensa

Los condenados habían denunciado que, durante las declaraciones indagatorias realizadas poco después del asesinato, no se les comunicaron correctamente los hechos atribuidos ni las pruebas reunidas en su contra.

También objetaron las condiciones en las que se elaboraron y firmaron las actas de esas declaraciones. Según la defensa, los procedimientos no habrían respetado las garantías establecidas por el Código Procesal Penal bonaerense.

En febrero de 2020, Tomei había señalado supuestas inconsistencias en los horarios registrados en las actas, con diferencias de pocos minutos entre algunas declaraciones. A criterio del abogado, esos intervalos no permitían cumplir adecuadamente con todas las formalidades previstas por la ley.

Además, la defensa cuestionó la intervención de la fiscal Verónica Zamboni y solicitó que fuera apartada de la investigación. Sin embargo, el pedido fue rechazado por el juez de Garantías David Mancinelli.

A partir de esos cuestionamientos, el abogado promovió una denuncia penal independiente por presunta falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.

Entre las personas denunciadas figuraban Zamboni, la defensora oficial Verónica Olindi Huespi, funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez Mancinelli, quien había ordenado la prisión preventiva de los imputados.

El recorrido judicial del reclamo

En febrero de 2022, la Cámara de Apelaciones de Dolores permitió que los siete condenados fueran incorporados como particulares damnificados en el expediente, lo que les otorgó participación formal como denunciantes.

Sin embargo, la denuncia fue desestimada por ausencia de dolo. También se rechazaron los pedidos para recibir declaraciones testimoniales de los rugbiers en calidad de víctimas y realizar otras medidas de prueba solicitadas por su defensa.

Tomei solicitó entonces una revisión ante el superior del fiscal, mediante el procedimiento previsto en el artículo 290 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. La decisión fue ratificada.

Posteriormente, el abogado recusó al juez Mancinelli y pidió que se declarara la inconstitucionalidad del mecanismo utilizado para revisar la desestimación de la denuncia. Sostuvo que ese procedimiento era arbitrario y limitaba el derecho de sus representados a ser escuchados por un juez imparcial.

Ambos planteos fueron rechazados por el magistrado y la decisión fue confirmada por el Tribunal de Casación Penal bonaerense.

En agosto de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó un recurso de queja. En abril de 2026, también denegó el recurso extraordinario con el que la defensa buscaba llevar la discusión ante la Corte Suprema nacional.

Finalmente, el máximo tribunal del país desestimó la presentación por las deficiencias de su fundamentación.

Las condenas por el asesinato de Fernando Báez Sosa

Fernando Báez Sosa tenía 18 años cuando fue asesinado durante la madrugada del 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell. El joven había protagonizado una discusión con un grupo de rugbiers dentro del establecimiento y, posteriormente, fue atacado a golpes en la vía pública.

El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, considerados coautores del homicidio.

En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes secundarios.

El 22 de marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las condenas, aunque modificó la calificación legal al descartar la agravante de alevosía y mantener la del concurso premeditado de dos o más personas.

Desde entonces, las defensas impulsaron diferentes recursos para intentar revertir las decisiones judiciales. En abril de 2026, la Corte Suprema nacional ya había rechazado otras presentaciones vinculadas con nulidades y revisiones extraordinarias.

La nueva resolución se limita a la denuncia contra los funcionarios judiciales y no implica una revisión de las penas impuestas por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

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