Reino Unido prepara actos por los 45 años de la guerra de Malvinas y crece la tensión con Argentina
Londres anunció conmemoraciones para 2027 mientras su embajador en Chile visitó Punta Arenas, donde se analiza reactivar una ruta marítima comercial hacia las islas. La disputa también se centra en la explotación petrolera.
El Reino Unido confirmó que realizará actividades conmemorativas en las Islas Malvinas durante 2027, cuando se cumplirán 45 años de la guerra con Argentina. El anuncio se produjo en un contexto de creciente tensión diplomática por la soberanía del archipiélago, la explotación de sus recursos naturales y la posible reactivación de una conexión marítima comercial con Chile.
En paralelo, el embajador británico en Chile, David Concar, visitó el 13 de octubre la ciudad de Punta Arenas, en la región de Magallanes. Aunque su agenda oficial estuvo centrada en la cooperación científica antártica, el viaje coincidió con las gestiones para restablecer una ruta comercial entre el territorio chileno y Puerto Stanley, principal localidad de las islas.
Londres confirmó las conmemoraciones para 2027
El Ministerio de Defensa británico anunció que organizará actos para recordar el aniversario del conflicto armado y homenajear a los veteranos que participaron en la guerra.
El Gobierno del Reino Unido señaló que para algunos de esos excombatientes podría tratarse de uno de los últimos grandes aniversarios que alcancen a presenciar. Las actividades estarán destinadas a recordar a quienes, según la posición británica, murieron defendiendo la libertad de los habitantes de las islas.
El anuncio se conoció mientras Argentina intensifica sus acciones diplomáticas y judiciales para cuestionar las actividades británicas en el archipiélago y defender sus derechos soberanos.
La disputa por el proyecto petrolero Sea Lion
Uno de los principales focos del conflicto es el desarrollo del campo petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas. El proyecto está a cargo de las empresas Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, y contempla una inversión estimada en USD 2.200 millones.
El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, una solicitud de medidas provisionales para frenar el desarrollo del yacimiento.
La presentación busca preservar los derechos soberanos de Argentina sobre su plataforma continental e impedir actividades que Buenos Aires considera autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido.
Desde Londres, la ministra de Estado del Foreign Office, Uma Kumaran, rechazó el planteo argentino y sostuvo que el campo se encuentra en la plataforma continental de las islas. También afirmó que el proyecto está regulado por el gobierno local y que Argentina no tiene jurisdicción sobre él.
La funcionaria aseguró que el Reino Unido responderá ante cualquier medida que considere una presión económica ilegítima y anticipó la posibilidad de aplicar mecanismos legales para proteger sus intereses comerciales.
Además, señaló que la presentación ante el tribunal internacional no invalida las licencias otorgadas por las autoridades de las islas ni obliga a suspender las actividades vinculadas con los hidrocarburos.
Las posibles consecuencias diplomáticas
El Gobierno británico también informó que mantiene contactos con países del G7, del G20 y con gobiernos europeos y americanos para exponer su postura sobre la disputa.
Kumaran adelantó que Londres evalúa nuevas medidas legales si continúa la escalada y cuestionó la confiabilidad de Argentina como socio internacional. Sus declaraciones incluyeron referencias al posible ingreso del país al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La tensión aumentó después de que el presidente Javier Milei exigiera la cancelación del proyecto petrolero y advirtiera que llevaría el caso ante instancias internacionales. Una vez vencido el plazo que había anunciado sin obtener una respuesta favorable, el Gobierno argentino concretó la presentación judicial.
Un yacimiento con potencial económico para las islas
La exploración de Sea Lion comenzó en 2010 y las estimaciones citadas en la información disponible calculan reservas de hasta 1.700 millones de barriles de petróleo.
El proyecto prevé una producción que podría alcanzar los 50.000 barriles diarios en su etapa de mayor actividad, con una vida operativa estimada en 35 años. Su desarrollo podría tener un impacto significativo en la economía de las islas, cuya población ronda los 3.500 habitantes y depende principalmente de la pesca.
Las autoridades locales extendieron recientemente las licencias de exploración y la producción está prevista para 2028.
Stacy Bragger, integrante de la asamblea legislativa de las islas, sostuvo que Argentina utiliza el proyecto para avanzar en su reclamo de soberanía y cuestionó la posición del Gobierno argentino sobre la autodeterminación de los habitantes del archipiélago.
Punta Arenas, en el centro de la discusión comercial
La visita del embajador David Concar a Punta Arenas se produjo mientras la región de Magallanes analiza la reactivación de una ruta marítima comercial hacia Puerto Stanley.
La empresa chilena Easter Island Naviera prevé realizar el viaje inaugural a mediados de noviembre. La iniciativa generó cuestionamientos de sectores políticos argentinos y abrió un intercambio de declaraciones entre parlamentarios de ambos países.
En ese contexto, el Parlamento chileno aprobó siete resoluciones que podrían respaldar la continuidad de la conexión marítima. Durante una sesión especial realizada el 6 de octubre, la Cámara de Diputados instó al presidente José Antonio Kast a adoptar una posición más firme en defensa de los intereses nacionales.
Como respuesta, en Argentina se presentó un proyecto de ley impulsado por el diputado peronista Guillermo Michel que propone retirar beneficios fiscales a empresas chilenas.
De esta manera, las conmemoraciones británicas previstas para 2027 coinciden con una disputa que abarca la soberanía de las Malvinas, la explotación de hidrocarburos y los vínculos comerciales en el Atlántico Sur.
