
Silvana Carrizo exige explicaciones por los fondos mineros y reclama mayor control legislativo
La exdiputada cuestionó un nuevo aporte de más de $7.751 millones al Fideicomiso de Regalías Mineras y pidió información sobre las obras, las rendiciones de cuentas y el destino de los recursos.
La abogada y exdiputada provincial Silvana Carrizo cuestionó la administración del Fideicomiso de Regalías Mineras de Catamarca y reclamó mayor transparencia sobre el manejo de los fondos públicos. Sus planteos surgieron tras la disposición de un nuevo aporte de $7.751.931.506,57, establecido mediante el Decreto 970/2026 para afrontar certificados de obra pendientes de pago.
Carrizo sostuvo que la reiteración de aportes extraordinarios requiere explicaciones sobre la planificación financiera, los compromisos asumidos para ejecutar obras y los mecanismos de control de los recursos provenientes de la actividad minera.
En ese sentido, recordó que en octubre de 2024 se dispuso una transferencia de $6.000 millones con una finalidad similar y que, en noviembre de ese año, se anunció otro aporte de $7.000 millones, relacionado entonces con la caída del precio internacional del litio.
La exlegisladora señaló que los tres aportes anunciados o dispuestos en aproximadamente dos años superan los $20.750 millones nominales. A partir de esa cifra, planteó interrogantes sobre las proyecciones de ingresos y las razones por las que el fideicomiso necesita recursos adicionales para cumplir con sus obligaciones.
### El reclamo por las rendiciones de cuentas
Uno de los principales cuestionamientos de Carrizo está relacionado con el cumplimiento del artículo 5 de la Ley Provincial 5.642, que establece obligaciones para el Poder Ejecutivo respecto de la constitución de fondos fiduciarios con los ingresos por regalías mineras, de acuerdo con la distribución y los destinos previstos legalmente.
La norma también contempla la presentación de rendiciones de cuentas semestrales ante las comisiones de Hacienda de ambas cámaras legislativas.
En este marco, Carrizo respaldó los planteos del diputado provincial Mamerto Acuña sobre la necesidad de fortalecer el control legislativo del fideicomiso. Según sostuvo, el Gobierno debe acreditar la presentación de las rendiciones correspondientes y brindar documentación que permita conocer cómo se administraron los recursos.
Asimismo, remarcó que la existencia de un fiduciario y de un Comité de Administración no reemplaza las facultades de fiscalización de la Legislatura ni la intervención de los organismos de control competentes.
### La diferencia de $3.250 millones bajo cuestionamiento
Otro de los puntos señalados por la exdiputada es la diferencia entre la recaudación de regalías mineras y los ingresos registrados en el fideicomiso, según cifras expuestas públicamente por el diputado Francisco Monti.
Para el período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, los datos mencionados indican una recaudación de $17.900 millones por regalías mineras, mientras que los ingresos al fideicomiso habrían alcanzado los $14.650 millones.
La brecha asciende a $3.250 millones, equivalente aproximadamente al 18,2% de la recaudación informada.
Carrizo aclaró que esa diferencia no permite afirmar por sí sola la existencia de un desvío, ya que podrían intervenir diferencias temporales de registración, transferencias pendientes u otras circunstancias contables. Sin embargo, consideró necesario que el Poder Ejecutivo presente una conciliación documentada que permita establecer el origen y el destino de los fondos.
### Piden información sobre las obras y los compromisos pendientes
La exlegisladora también reclamó información pública sistematizada sobre las obras financiadas mediante el fideicomiso. Entre otros puntos, pidió conocer las proyecciones de ingresos utilizadas para asumir compromisos, los criterios de priorización y la cantidad de proyectos terminados o que continúan en ejecución.
Además, planteó la necesidad de precisar el monto de los certificados pendientes de pago, los recursos recibidos por cada departamento y las obligaciones financieras asumidas por el fondo.
Carrizo también solicitó información sobre las partidas presupuestarias utilizadas o reasignadas para afrontar los aportes extraordinarios.
Según expresó, si las obras fueron comprometidas sobre la base de ingresos que finalmente no se concretaron, el Gobierno debe explicar cómo evaluó esos riesgos y qué medidas adoptó para evitar que se repitan situaciones de insuficiencia de recursos.
### El antecedente de la propuesta para eliminar los fideicomisos
Carrizo recordó que durante su mandato legislativo ya había cuestionado el esquema de administración de las regalías mineras mediante fondos fiduciarios.
En 2025, junto con el diputado Mamerto Acuña, impulsó una propuesta para derogar los fideicomisos Salar del Hombre Muerto y de Regalías Mineras, eliminar la Ley Provincial 5.642 y restablecer el régimen de distribución establecido en la Ley 5.128, que contempla la transferencia directa de los recursos a los municipios beneficiarios.
La exdiputada sostuvo que esa iniciativa buscaba garantizar previsibilidad, transparencia, distribución territorial y control sobre los ingresos mineros.
También advirtió que la discusión involucra la autonomía de los municipios y la distribución de los beneficios generados por la actividad, al considerar necesario que las comunidades conozcan qué recursos les corresponden y cuáles son los resultados de las inversiones.
### Qué información reclama al Gobierno
Frente a esta situación, Carrizo pidió que el Ejecutivo provincial presente y publique las rendiciones semestrales previstas en la Ley 5.642 desde la constitución del fondo, junto con la documentación respaldatoria.
Entre sus principales requerimientos también incluyó una conciliación pública entre las regalías recaudadas y los fondos ingresados al fideicomiso; un informe detallado de las obras por departamento, con montos, avances y certificados pagados y adeudados; la identificación de las fuentes presupuestarias utilizadas para los aportes extraordinarios y la intervención de los organismos de control correspondientes.
Para la exlegisladora, la información debe permitir determinar cuánto dinero ingresó, qué compromisos se asumieron, cuánto se pagó y qué obras se concretaron.
### La transparencia y la confianza en la actividad minera
En el tramo final de sus declaraciones, Carrizo diferenció las responsabilidades de las empresas mineras de las obligaciones del Estado provincial. Mientras las compañías deben cumplir sus compromisos ambientales, laborales, tributarios y sociales, sostuvo que el Gobierno debe garantizar la correcta recaudación, distribución, inversión y fiscalización de los recursos públicos generados por la actividad.
La exdiputada afirmó que Catamarca necesita inversión, empleo, proveedores locales e infraestructura, pero consideró que la administración de las regalías debe estar acompañada por información accesible y mecanismos efectivos de control.
También señaló que la confianza social en la minería depende de que sus beneficios puedan verificarse y lleguen a las comunidades.
Finalmente, Carrizo reafirmó su postura a favor del desarrollo minero, con exigencias de transparencia, control y participación comunitaria. Según planteó, la gestión de los recursos públicos debe contribuir a que la actividad se traduzca en oportunidades e infraestructura para la provincia, sin que las dudas sobre la administración estatal afecten la confianza de los catamarqueños.