LA UBA RECURRIRÁ A LA JUSTICIA PARA EXIGIR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
El Consejo Superior resolvió accionar judicialmente ante la suspensión del Gobierno, que promulgó la norma pero postergó su ejecución hasta definir las fuentes presupuestarias.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió acudir a la Justicia para exigir que el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial. La decisión fue adoptada por unanimidad por el Consejo Superior, luego de que el Gobierno promulgara la norma pero suspendiera su implementación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento correspondientes.
Según el texto aprobado por la UBA, la medida busca “garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática”. La resolución advierte que el decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución, “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
La casa de estudios argumentó que la decisión del Ejecutivo vulnera derechos constitucionales y afecta de manera directa al sistema universitario, al impedir el acceso a los recursos necesarios para sostener la actividad académica y recomponer los salarios docentes y no docentes. “El sistema universitario enfrenta una crisis presupuestaria sin precedentes”, señala la resolución, recordando que las prórrogas del Presupuesto 2023 quedaron desactualizadas frente a la inflación y que durante 2024 los salarios perdieron más del 40% de su poder adquisitivo.
La UBA remarcó que la ley fue aprobada por el Congreso y tiene como objetivo garantizar la protección y el financiamiento de las universidades nacionales, así como la recomposición salarial de sus trabajadores. También prevé fondos específicos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. “La no ejecución de esta ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”, concluye el documento aprobado por el Consejo Superior.
