PROPONEN EXÁMENES TOXICOLÓGICOS OBLIGATORIOS PARA FUNCIONARIOS DE LOS TRES PODERES EN CATAMARCA
El bloque oficialista presentó un proyecto de ley que busca instaurar controles preventivos de consumo de drogas en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La medida apunta a promover la responsabilidad institucional y la transparencia.
Diputados del Frente de Todos presentaron en la Legislatura Provincial el proyecto de “Ley sobre Responsabilidad Institucional y Prevención en el Consumo Problemático de Sustancias Psicoactivas en la Función Pública”, que establece la realización obligatoria, periódica y preventiva de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios jerárquicos de los tres poderes del Estado en Catamarca.
La iniciativa contempla que los estudios se realicen al momento de la designación o asunción de los cargos, y en el caso de los funcionarios en ejercicio, dentro de los tres primeros meses de cada año. Los exámenes deberán detectar la presencia de sustancias psicoactivas ilegales definidas en el artículo 77 del Código Penal.
El bloque oficialista aclaró que el proyecto “no busca criminalizar a las personas con consumo problemático”, sino generar un marco institucional de prevención y acompañamiento. En caso de detectarse consumo, se evaluará si el cuadro afecta la capacidad de desempeño del funcionario y, de ser así, se podrán aplicar medidas de cese en la función pública.
El alcance de la propuesta incluye a candidatos electivos, autoridades provinciales, funcionarios del Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo, jefes policiales, directivos del Servicio Penitenciario y responsables de organismos descentralizados o con participación estatal.
El texto también garantiza la confidencialidad de los resultados, el consentimiento informado y el derecho a contraprueba, conforme a la legislación vigente sobre protección de datos personales. Desde el oficialismo, destacaron que el proyecto busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas y promover una cultura de transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función estatal.
