AVANZA EN EL CONGRESO UN NUEVO PROYECTO PARA LEGALIZAR LA EUTANASIA EN ARGENTINA
Tras la aprobación de la ley de eutanasia en Uruguay, el diputado mendocino Julio Cobos presentó un nuevo proyecto en el Congreso Nacional para debatir la legalización de la práctica en la Argentina.
La iniciativa propone permitir la asistencia médica para morir bajo estrictas condiciones, sumándose a otras cuatro propuestas que aún mantienen estado parlamentario.
El texto contempla dos modalidades: la eutanasia, en la que un médico administra directamente la sustancia que provoca la muerte del paciente, y el suicidio asistido, donde el propio solicitante se autoadministra la medicación prescripta. El proyecto establece que podrán acceder mayores de edad, argentinos o residentes de al menos doce meses, que padezcan una enfermedad grave, incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante, siempre que expresen su consentimiento informado y lo ratifiquen en dos solicitudes con quince días de intervalo.
La iniciativa también reconoce la objeción de conciencia para los profesionales de la salud que decidan no participar, pero obliga a los centros públicos y privados a garantizar el acceso al procedimiento cuando se cumplan los requisitos. Además, propone modificar el Código Penal para que quienes intervengan en la práctica no puedan ser perseguidos judicialmente.
“El avance de Uruguay fue un impulso para reabrir el debate”, señaló Cobos, quien ya presentó proyectos similares en dos oportunidades anteriores. Según el legislador, la sociedad argentina “ha madurado” y es momento de discutir una ley que brinde una salida digna a quienes sufren enfermedades terminales o padecimientos irreversibles.
El debate se da en paralelo al caso de María del Carmen Ludueña, una mujer de 63 años postrada desde hace siete, que reclama en la Justicia bonaerense el derecho a acceder a la eutanasia. Mientras tanto, en Argentina continúa vigente la Ley de Muerte Digna, sancionada en 2012, que permite rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida, pero no autoriza la asistencia médica activa para morir. El nuevo proyecto busca avanzar un paso más en el reconocimiento de ese derecho.
