LA COMISIÓN LIBRA CONCLUYE QUE LOS HECHOS SON COMPATIBLES CON UNA ESTAFA CRIPTO
Tras tres meses de trabajo, la comisión especial de Diputados presentó su informe final y señaló posibles responsabilidades políticas del presidente Javier Milei y su entorno en la promoción del criptoactivo $LIBRA.
La comisión investigadora de $LIBRA en la Cámara de Diputados dio a conocer su informe final luego de tres meses de análisis de documentación, testimonios y movimientos en plataformas de blockchain. En la presentación, realizada en la Sala I del Anexo A, los legisladores concluyeron que las operaciones vinculadas a la criptomoneda son “compatibles con una estafa” y que existiría un esquema destinado a monetizar la imagen presidencial. El informe se conoció mientras continúan causas judiciales abiertas en la Argentina y en los Estados Unidos y cuando la oposición aún discute la continuidad de la comisión tras el recambio legislativo.
El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, explicó que los peritajes sobre la blockchain detectaron fondos y transacciones entre actores que coinciden con montos y fechas señaladas en distintas investigaciones, lo que refuerza la hipótesis de un acuerdo para aprovechar la promoción pública de Javier Milei. El informe también recordó antecedentes de difusión de otros criptoactivos por parte del mandatario, como una moneda vinculada a Kip Protocol en 2024 y la promoción de la firma CoinX en 2022, cuando aún era diputado. Para los investigadores, hubo una decisión deliberada de eludir controles institucionales, permitiendo que el presidente difundiera el enlace a $LIBRA sin advertencias ni intervención previa de los organismos reguladores.
El documento cuestiona además el rol de funcionarios claves en materia de control y transparencia. Los diputados anticiparon que impulsarán denuncias penales contra Mariano Cúneo Libarona y Florencia Zicavo, del Ministerio de Justicia; Alejandro Melik, de la Oficina Anticorrupción; Paul Starc, de la Unidad de Información Financiera; y Roberto Silva, de la Comisión Nacional de Valores, a quienes acusan de haber obstaculizado las facultades de la comisión y de incumplir sus deberes de funcionario público.
Otro punto central del informe es la detección de un grupo reducido de inversores que habría comprado $LIBRA antes de la difusión masiva y se retiró cuando el número de portadores aumentó, lo que refuerza la sospecha de un esquema armado para aprovechar el salto inicial del precio. La comisión considera que se vulneró la Ley de Ética Pública y que el uso de la investidura presidencial para promover el criptoactivo generó un serio daño reputacional para el país. Los legisladores de la comisión remarcaron que el trabajo realizado busca dejar una base sólida de evidencia y recomendaciones para que el Congreso y la sociedad cuenten con una respuesta fundada sobre el caso.
