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CONDENAN A 23 AÑOS AL SENADOR CIRO RAMÍREZ Y ANUNCIA QUE APELARÁ EL FALLO

La Corte Suprema lo encontró responsable en el caso “Marionetas 2.0”. El legislador negó los cargos y aseguró que buscará revertir la sentencia.

CONDENAN A 23 AÑOS AL SENADOR CIRO RAMÍREZ Y ANUNCIA QUE APELARÁ EL FALLO

La Corte Suprema lo encontró responsable en el caso “Marionetas 2.0”. El legislador negó los cargos y aseguró que buscará revertir la sentencia.

La Corte Suprema de Justicia condenó al senador Ciro Alejandro Ramírez, del partido Centro Democrático, a 23 años de prisión por su participación en la red de corrupción conocida como “Marionetas 2.0”. La Sala Especial de Primera Instancia lo halló responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

La sentencia establece una pena de 279 meses y 8 días de cárcel, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de veinte años y una multa superior a los $22.340 millones. El fallo se vincula con una investigación que lo señala por intervenir en contratos públicos mediante una estructura asociada a presuntos pagos de sobornos.

Tras conocerse la decisión, el legislador afirmó que apelará la condena y ratificó su inocencia. A través de su cuenta en la red social X, sostuvo que en las 438 páginas del fallo “no hay una sola que haya demostrado certeza de la conducta como lo exige la ley” y expresó su expectativa de que la sentencia sea revocada en segunda instancia.

En un video difundido posteriormente, Ramírez insistió en que no tuvo interés económico ni político en los hechos investigados y aseguró que su defensa se apoyará en testimonios que, según afirmó, no fueron valorados correctamente. También indicó que recurrirá a los mecanismos legales ordinarios y que su estrategia se mantendrá dentro del marco institucional.

El caso “Marionetas 2.0” se desprende de una red de corrupción vinculada al exsenador Mario Alberto Castaño. De acuerdo con la investigación, Ramírez habría intervenido en al menos 13 contratos por más de $24.000 millones en distintas regiones, favoreciendo proyectos en Quindío, Tolima y Santander.

La causa entra ahora en una nueva etapa tras la presentación del recurso de apelación, que será analizado por instancias superiores de la Corte Suprema de Justicia.

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