La investigación por pagos irregulares en la Armada detectó 645 acreditaciones por casi $1.000 millones
Una denuncia penal reconstruyó un esquema de pagos indebidos a 23 personas entre 2022 y 2026, con registros modificados y cuatro beneficiarios ajenos a la fuerza.
La Armada Argentina presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal luego de detectar irregularidades en el proceso de liquidación y acreditación de haberes. Según la presentación, entre julio de 2022 y enero de 2026 se realizaron 645 pagos indebidos a 23 personas por un monto histórico de $981.148.567,88.
La investigación comenzó después de que, durante una revisión de los haberes de enero de 2026, se detectara que cinco agentes del Departamento Revista habían recibido suplementos que no les correspondían. En ese momento, los involucrados devolvieron las sumas y la fuerza no podía establecer si se trataba de errores involuntarios o de acciones deliberadas.
A partir de ese hallazgo se ampliaron los controles y se revisaron períodos anteriores. La comparación entre las liquidaciones, los recibos de haberes y los archivos enviados al Banco Nación permitió encontrar diferencias que excedían los registros habituales.
Registros modificados después de las liquidaciones
La revisión detectó importes incluidos en los archivos de pago que no aparecían en los recibos, duplicaciones y acreditaciones correspondientes a personas cuya relación con la Armada inicialmente no podía establecerse.
Los investigadores también encontraron indicios de modificaciones manuales realizadas después del cierre de las liquidaciones y antes de la transmisión de los archivos al banco.
Para profundizar el análisis, la Armada conformó una comisión integrada por especialistas en contabilidad, liquidación de haberes, sistemas informáticos y análisis de datos. Los equipos utilizados para preparar y transmitir los archivos fueron puestos bajo resguardo y se realizaron copias de la información.
Luego se compararon los datos del Sistema de Haberes, el Sistema Haberes-Web, los recibos publicados y los registros correspondientes a las acreditaciones bancarias.
Según la reconstrucción incluida en la denuncia, determinadas modificaciones permitían incorporar pagos superiores a los que correspondían o incluso acreditaciones que no tenían respaldo en haberes liquidados. Posteriormente, los registros podían regresar a sus valores originales, por lo que esas alteraciones no quedaban reflejadas en los recibos publicados.
Cuatro personas concentraron el 44% de los pagos
De las 23 personas identificadas, cuatro no tenían vínculo laboral ni funcional con la Armada. Entre ellas se registraron 184 acreditaciones por un total de $434.200.718,04, equivalente al 44,25% del monto histórico detectado.
Los beneficiarios fueron:
- María del Carmen Prieto: 46 acreditaciones por $152.259.495,86.
- Damián Andrés Santana: 47 acreditaciones por $99.496.225,47.
- Amalia Cristina Díaz: 46 acreditaciones por $91.978.048,38.
- Natalia Carolina Yahia: 45 acreditaciones por $90.466.948,33.
El caso de Prieto tiene además una particularidad señalada en la denuncia: era esposa del entonces jefe del Departamento Revista, el capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff.
La declaración de Atanasoff
Durante la investigación administrativa se tomó declaración a distintas personas vinculadas con las operaciones. Entre ellas estuvo Atanasoff, quien estaba al frente del Departamento Revista.
Según consta en la denuncia, al ser consultado por las acreditaciones realizadas a favor de personas ajenas a la Armada, reconoció conocer esas operaciones y manifestó que los pagos se efectuaban manualmente.
La presentación sostiene que Atanasoff declaró que la finalidad era favorecer económicamente a esas personas y que él decidía los beneficiarios, los importes y las operaciones. También habría afirmado que ejecutaba personalmente esas acciones y que ninguna otra persona intervenía en esas decisiones.
La documentación reunida durante la investigación administrativa, de acuerdo con la denuncia, coincidió con esas declaraciones y permitió confirmar que los cuatro beneficiarios mencionados no pertenecían a la Armada ni contaban con liquidaciones de haberes que justificaran los pagos.
Un oficial recibió pagos mientras estaba destinado en el exterior
Entre los restantes casos detectados aparece el del capitán de corbeta contador Roberto Eduardo Castro.
Según la denuncia, durante determinados períodos recibió acreditaciones en Argentina mientras también percibía sus haberes correspondientes a su destino en el exterior.
El Sistema de Haberes identifica de manera diferenciada al personal destinado fuera del país y lo excluye de los archivos automáticos de acreditación en Argentina. Por ese motivo, la presentación sostiene que esos pagos tuvieron que ser incorporados por fuera del procedimiento automático.
También fueron detectadas acreditaciones a favor de Luana Magalí Piedigrossi, esposa de Castro, durante períodos en los que se encontraba de licencia sin goce de haberes.
La Armada indicó que las explicaciones aportadas por los demás beneficiarios quedaron incorporadas a la investigación administrativa y que corresponderá a la Justicia establecer el conocimiento y la eventual participación de cada persona.
Las devoluciones superan los $42 millones
La denuncia también registra devoluciones realizadas por algunos de los beneficiarios. Las transferencias fueron efectuadas a la cuenta operativa del sistema financiero de la Armada bajo el concepto de devolución de haberes.
Entre ellas figuran importes correspondientes a pagos recibidos en exceso en enero de 2026 por Ariel Vicente Gallo, Roberto Eduardo Castro, Cristian Sebastián Lobato y Juan Carlos Barrios.
El 11 de septiembre de 2026, además, los capitanes de corbeta Gerardo Horacio Heredia, Anabela Alejandra Farias y Mathías Agustín Pieroni restituyeron la totalidad de las sumas que habían percibido indebidamente.
Hasta el momento de la denuncia, la Armada contabilizó $42.574.267,63 en devoluciones. Frente a los $981.148.567,88 correspondientes al total histórico de las acreditaciones detectadas, la diferencia ascendía a $938.574.300,25.
La fuerza aclaró que las devoluciones se contabilizan por separado y no modifican el monto histórico de las operaciones detectadas.
El vínculo que llevó al relevo de Atanasoff
La denuncia señala que, durante la primera etapa de la investigación, no existían elementos que permitieran relacionar a Atanasoff con las irregularidades. El entonces jefe del Departamento Revista no figuraba entre los beneficiarios de los pagos cuestionados.
La situación cambió en agosto de 2026, cuando una revisión de períodos anteriores identificó entre los beneficiarios a su esposa, María del Carmen Prieto.
A partir de ese dato, la Armada dispuso el relevo preventivo de Atanasoff y ordenó preservar el equipo informático utilizado para preparar y transmitir los archivos al Banco Nación.
Qué documentación quedó a disposición de la Justicia
La presentación incluye distintos elementos vinculados con la investigación administrativa, entre ellos informes sobre las irregularidades, actas relacionadas con los equipos informáticos, detalles de las novedades detectadas, archivos analizados, comprobantes de transferencias remitidos por el Banco Nación, declaraciones de las personas involucradas e informes del funcionario encargado de la investigación.
La Armada también informó que conserva documentación, registros, archivos y soportes informáticos que podrían ser requeridos durante el proceso judicial.
La denuncia fue presentada el 15 de septiembre por el capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada. El pedido apunta a determinar quiénes intervinieron en las operaciones y establecer las eventuales responsabilidades penales.
El expediente quedó radicado en el juzgado federal a cargo de Sebastián Ramos. Ahora la investigación judicial deberá establecer cómo se realizaron las modificaciones, quiénes participaron y qué responsabilidad corresponde en cada caso.
