SE REANUDA EL JUICIO POR HOTESUR Y LOS SAUCES CON LA LECTURA DEL REQUERIMIENTO FISCAL
El Tribunal Oral Federal N.º 5 continuará este lunes con la exposición de la acusación correspondiente a Los Sauces. El proceso examina operaciones inmobiliarias y hoteleras vinculadas con la familia Kirchner y distintos grupos empresarios.
El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces se reanudará este lunes 2 de noviembre ante el Tribunal Oral Federal N.º 5, con la continuación de la lectura del requerimiento de elevación a juicio correspondiente a Los Sauces. El expediente analiza operaciones comerciales y movimientos de fondos entre empresas vinculadas a Lázaro Báez, el Grupo Indalo y la familia Kirchner. La Fiscalía busca establecer si determinados contratos inmobiliarios y hoteleros fueron utilizados para canalizar recursos de presunto origen ilícito.
Durante la última audiencia, el fiscal Diego Velasco presentó los principales argumentos del Ministerio Público Fiscal sobre el funcionamiento de las operaciones investigadas. Según la hipótesis de la acusación, empresas que mantuvieron vínculos contractuales con el Estado nacional habrían realizado pagos a Los Sauces mediante alquileres de propiedades y hoteles. La Fiscalía considera que parte de esos fondos podría haber tenido un origen irregular y que los contratos habrían permitido incorporarlos como ingresos declarados por la sociedad constituida por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y su hijo Máximo.
Entre los elementos incorporados al requerimiento figura la composición de la facturación de Los Sauces. De acuerdo con los datos presentados por la Fiscalía, el 88% de sus ingresos provenía de empresas vinculadas a los grupos investigados: un 65% correspondía a Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, relacionadas con el Grupo Indalo, y un 23% a compañías del Grupo Báez. Entre 2009 y 2016, la sociedad facturó $25.968.042,30 por alquileres a esas firmas, mientras que su patrimonio neto pasó de $100.000 a $12.122.430,26.
El expediente también comprende distintas adquisiciones inmobiliarias, entre ellas terrenos en El Calafate, departamentos en Puerto Madero y la propiedad ubicada en San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. Este último inmueble fue adquirido en 2015 por USD 370.000 mediante Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES). Estas operaciones forman parte de los elementos patrimoniales examinados por la Fiscalía, que plantea posibles irregularidades en algunas transacciones.
La lectura del requerimiento continuará durante este lunes y, a partir del jueves, está previsto avanzar también con la causa Hotesur. Las afirmaciones sobre el presunto origen ilícito de los fondos y las características de las operaciones corresponden a la hipótesis fiscal y constituyen aspectos que deberán ser examinados durante el juicio, sin que impliquen por sí mismos una determinación de responsabilidad penal.
