El Gobierno promulgó la ley de emergencia en discapacidad pero pidió al Congreso asignar fondos
El Ejecutivo advirtió que la aplicación de la norma queda suspendida hasta que se incorporen partidas en el Presupuesto 2026.
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero aclaró que su ejecución permanecerá suspendida hasta que el Congreso asigne créditos presupuestarios y fuentes de financiamiento específicas. Así lo establece el Decreto 681/2025, que se ampara en los artículos 5° de la Ley 24.629 y 38 de la Ley 24.156, que condicionan la vigencia de toda norma con gasto a la previsión de partidas.
El Gobierno recordó que el Presupuesto 2026, remitido al Parlamento el 15 de septiembre, será el ámbito donde deberán incorporarse los recursos necesarios. La norma había sido vetada en agosto por el Decreto 534/25, pero el Congreso insistió con dos tercios en Diputados (20 de agosto) y en el Senado (4 de septiembre), obligando a su promulgación el 8 de septiembre.
La ley declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año. Crea la Pensión No Contributiva por Discapacidad, equivalente al 70% del haber mínimo, con actualización previsional y compatibilidad con empleo de hasta dos salarios mínimos, además de la conversión automática de pensiones vigentes. También garantiza cobertura a través del Programa Incluir Salud y prestaciones de la Ley 24.901, establece aranceles únicos con movilidad mensual y fija una compensación de emergencia a prestadores por la brecha inflacionaria.
Otros puntos destacados son la ampliación a tres años de la exención del 50% de contribuciones patronales para empleadores de personas con discapacidad y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que deberá presentar informes anuales de ejecución y pagos.
Según cifras oficiales, el costo total de la ley en 2025 asciende a $3,02 billones (0,35% del PBI), de los cuales $2,16 billones corresponden a pensiones no contributivas, $574.200 millones al Programa Incluir Salud y $278.323 millones a compensaciones para prestadores. El crédito disponible sin afectar “Servicios Sociales” es de $2,3 billones, por lo que resulta insuficiente para cubrir la totalidad de la norma.
En consecuencia, quedan suspendidos hasta la definición presupuestaria las nuevas altas de pensiones, la compensación a prestadores, la movilidad de aranceles y la ampliación de la cobertura en Incluir Salud, así como el despliegue operativo de ANDIS en materia de auditorías y metas de transparencia.
